La Inspección de Trabajo ha regularizado de oficio a ocho abogados de la Confederación General de Trabajadores (CGT) que prestaban sus servicios en la territorial de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura como falsos autónomos. Esta acción ha derivado en una liquidación de 372.585,41 euros con la Seguridad Social, según un informe del Secretariado Permanente de CGT presentado el 28 de junio.

El conflicto comenzó a finales de abril cuando la Inspección notificó al sindicato la apertura de un expediente, originado por una denuncia anónima a través del buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En 2022, este buzón permitió detectar 3.520 infracciones y regularizar 3.056 puestos de trabajo sumergidos.

En respuesta, CGT Madrid despidió a cinco de los catorce empleados, incluyendo a cuatro mujeres y un hombre. Según Santiago de la Iglesia, secretario de organización del sindicato, los despidos se realizaron en función de la antigüedad, afectando principalmente a mujeres debido a una política de contratación que priorizaba a este género en la última década.

La decisión de externalizar los servicios jurídicos mediante contratos mercantiles se tomó en un pleno confederal en 2011. Sin embargo, la Inspección de Trabajo consideró que la relación laboral era evidente, ya que los trabajadores tenían un lugar de trabajo en el sindicato, sueldos fijos, vacaciones pagadas y ciertas responsabilidades coordinativas.

La CGT ha reconocido que esta situación se había discutido internamente, pero sin acciones concretas. En 2023, una reforma de la Ley de Empleo permitió la regularización de trabajadores sin necesidad de un procedimiento judicial, acelerando así las consecuencias para el sindicato.

El sindicato enfrentará recursos y alegaciones contra la liquidación de la Seguridad Social, aunque consideran difícil que prosperen. Además, los despidos, indemnizaciones y conflictos con otras organizaciones internas agravan la situación financiera, con un déficit mensual de 30.000 euros y una disminución significativa en el número de afiliados, actualmente alrededor de 11.500.

En septiembre, CGT Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura convocarán un congreso territorial para buscar soluciones a medio y largo plazo, con la esperanza de poder readmitir al personal despedido cuando la situación mejore. «Va a llevar tiempo resolver todo esto», admiten desde la organización.